El sábado 14 de mayo se realizaron los funerales de Francisca Sandoval, primera periodista asesinada en ejercicio informativo desde 1986, en dictadura, cuando agentes del Estado secuestraron y acribillaron a José ‘Pepe’ Carrasco Tapia. Múltiples manifestaciones de solidaridad se registraron desde el jueves, cuando se supo del deceso de la reportera, en barrios y localidades de Chile. Hay una responsabilidad estatal en su muerte que debe esclarecerse y en castigar a los culpables.
Por César Baeza Hidalgo
Luego del trauma que ha significado el asesinato de la periodista Francisca Sandoval para la sociedad chilena, es determinante que se asuman responsabilidades. No se trata de un simple “desafortunado incidente”, sino que también hay una negligencia que el Estado debe asumir, y tomar las medidas para que no se repita.
De haber actuado en forma oportuna, y responsable, el asesinato de Francisca pudo evitarse.
Sólo cinco semanas antes del 1 de mayo, fecha en que la reportera recibió el balazo en su rostro, el viernes 25 de marzo, a escasas cuadras en el mismo sector, un grupo organizado se enfrentó con las y los manifestantes que asistieron a la primera marcha de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), y dos estudiantes quedaron en estado muy grave y menos grave, respectivamente: Incluso uno de ellos estuvo internado en el Hospital San Juan de Dios, después de la golpiza que le propinó el grupo de supuestos “comerciantes ambulantes”. ¿Le suena?
El padre del joven violentado, Rodrigo Cornejo, profesor de la Universidad de Chile, relató que su hijo estaba internado en la UCI del Hospital San Juan de Dios “con un TEC cerrado con sangramiento, con neumotórax en el pulmón y sufrió dos paros cardíacos”. Y cuestionó la forma en que actuó Carabineros, ya que según denunció, la agresión por parte de los “vendedores ambulantes” estaba planeada y acusó la negligencia por parte de la policía.
En una declaración que una agrupación de amigos y de la familia del joven agredido emitió, se consigna que: “a partir de más de una decena de relatos por parte de testigos, imágenes gráficas y registros audiovisuales que circulan en redes sociales (…) es fácil inferir que se está presente ante una emboscada concertada”, por parte de personas armadas, señalaron. (Ver declaración completa).
También controvierten los dichos del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien señaló que los hechos se desarrollaron en el contexto de una disputa. En la declaración afirman que no fue tal, sino que los estudiantes fueron agredidos en una acción planificada y delincuencial.
Asimismo, denunciaron que “la evidente inacción de Carabineros ha llevado a muchas personas a suponer una posible acción de encubrimiento o incluso de una eventual colusión” y pidieron que fuera aclarada a la brevedad.
También se realizaron otras variadas denuncias relacionadas con que la policía uniformada arrinconó a quienes se manifestaban hacia el sector en que se encontraba este grupo de criminales, y estos salieron a enfrentarse con las/os marchantes, tal como sucede en una emboscada planificada. Los carabineros no sólo no habrían hecho nada por evitar esa situación, sino que además la habrían propiciado.
¿Se podría haber desarrollado una estrategia para que nada de eso se repitiera? ¿Era previsible que ese grupo, u otro, podría volver a actuar en un contexto de manifestaciones en el mismo sector? ¿Qué instituciones comparten la responsabilidad de no prevenir que un grupo organizado actúe en plena impunidad por segunda vez en menos de dos meses en el mismo barrio?
En Chile las policías dependen del Ministerio del Interior, Secretaría de estado de la cual depende la Subsecretaría de Prevención del Delito. Si Carabineros no desarrolló ni una táctica ni una estrategia, repito, para prevenir que criminales armados volvieran a actuar impunemente, las instituciones del poder civil debieron hacerlo, sobre todo teniendo todos los antecedentes sobre la mesa.
En consecuencia, por lo menos debería haber una investigación de la Contraloría General de la República por abandono de deberes, y por no haber tomado las medidas que evitaran que ese grupo volviera a accionar de manera impune. Aquí hay responsables, que deben responder por sus acciones y por sus omisiones.
Más allá de las declaraciones de intención, y los anuncios sobre que se va a “perseguir a los culpables”, es importante que quienes han fallado al punto que tenemos que lamentar la muerte de una reportera de 29 años, madre de una niña de 5 años, y trabajadora comprometida con el oficio de informar. Asuman su responsabilidad en una muerte que nunca debió producirse.
Paz en la tumba de Francisca Sandoval. Que se enjuicie y castigue a los culpables. Es un imperativo no solo para sus seres más cercanos y queridos, sino también para nuestra sociedad.
